Otra vez está aquí la amenaza de los recortes, los ajustes y medidas necesarias para equilibrar el
déficit. Otra vez promesas de esto no se toca y esto no lo vamos a
hacer que con toda probabilidad acabará en desmentidos diferidos o
“es que no podemos con la herencia recibida”.
Una de esas reformas que llevan
anunciando meses y meses y que nunca llega es la de las
Administraciones. Puede que sea este viernes, o no. El gobierno ya hizo una reforma de los Entes Públicos,
pero no han llegado a iniciar la reforma competencial. Y esto ¿por
qué?. Se hace necesario, es cierto, poner cierto orden en las
competencias que cada administración debe tener y sobre todo se
necesita un nuevo modelo de financiación. Pero les han salido
opositores, y esta vez no son sólo los de siempre. Estamos
tristemente acostumbrados al uso y abuso de la mayoría absoluta y a
que se aprueben las leyes con los solitarios votos del PP. Esta vez
las voces de la discordia están también en casa y son sus Alcaldes
y Concejales.
Desde julio de 2012 está en Borrador
el Proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
(LSRAL), el pasado 4 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Informe que llevó al Consejo de Estado para aprobar el
Anteproyecto de Ley, lo que nos da idea de la falta de firmeza y la
sobra de problemas a la hora de llevar a cabo esta reforma.
La
última señal de que existen problemas nos la dio
Javier Arenas hace pocos días. El 4º hombre en orden de
importancia en el partido, como 4 fueron las veces que perdió en Andalucía, envió una carta a sus alcaldes para recordarles, en el más puro estilo
Corleone, que les deben lealtad y que no olvidaran todo lo que el
Gobierno había hecho por ellos. Que ahora tocaba devolver el favor.
Pero, por ahora éstos, están aguantando bien el combate y no sucumben.
En
esta ley se recortan derechos y principios democráticos. Se pone en
primer lugar la contabilidad y la economía y se utilizan términos
como economías de
escala, o precio estándar.
Se obvia el principio constitucional de Autonomía Local, se redacta
al margen de la Carta Europea de Autonomía Local y de los Estatutos
de Autonomía.
Las
administraciones, en mayor o menor medida tienen problemas de
solvencia económica y las solución que el Gobierno está buscando
no pasa por aumentar los ingresos (fiscalidad, inspección, perseguir
fraudes..) o mejorar y reordenar la financiación; sino que se cogen
las tijeras o los Decretos Leyes y se suprimen, recortan, roban o se
venden al mejor postor derechos o prestaciones. En este caso también.
Lo dice el Anteproyecto: "para fomentar la iniciativa privada... se suprimen los monopolios municipales"
Lo dice el Anteproyecto: "para fomentar la iniciativa privada... se suprimen los monopolios municipales"
En
un primer borrador de la Reforma, se rebajaban el número de
concejales por habitante, ya no. Ahora se suprimen o acotan las
retribuciones de los políticos municipales. Los alcaldes y concejales de municipios de menos de 1000 habitantes no tendrán retribuciones. Al más puro estilo
Cospedal que deja la política en manos de caciques, terratenientes o
simplemente ricos, coartando la libertad a muchos de presentarse a
alcaldes o alcaldesas de su pueblo al poner este tipo de condiciones.
Yo no digo que no se ponga orden, pero esto es suprimir libertades.
Es uno de los asuntos donde más problemas está teniendo el PP. (El Correo Gallego)
El
sentido de la modificación de la norma no es otro que utilizar como
único baremo la economicidad de la prestación de los servicios para
eliminar muchos de ellos de nuestros pueblos y ciudades, haciendo un
catálogo de competencias propias, impropias, delegables y servicios
mínimos,
ponerles precio estándar de coste general e igual para cada
municipio (costa o montaña, gran población o parroquia) y con esto
rebajar salarios, condiciones, facilitar la privatización y la
prestación de las mismas por las Diputaciones. Las Diputaciones que son
administraciones donde no elegimos a los políticos, podríamos decir
que son de sufragio de segundo nivel y dominadas por las cabeceras de
comarcas y capitales de provincia.
Se
estima en 200.000 los empleos que penden de un hilo en los
ayuntamientos españoles si esta reforma se lleva a cabo. Y menos
servidores públicos significan menos servicios públicos: en
colegios, guarderías municipales, servicios de aguas, recogidas de
residuos, bibliotecas, centros de días... Estas son las competencias
que se suprimirán: servicios sociales, educación, sanidad, igualdad o
cultura.
Los
cargos electos, alcaldes y concejales pueden llegar a perder,
perderían todas sus competencias en caso de que sean intervenidos. El
Ayuntamiento quedaría en manos de la Diputación, a cuyo presidente
o presidenta y a los diputados nadie eligió como tal. ¿Quién se
querrá presentar con este panorama?
Ya
empiezan a aflorar los negocios que esta ley traerá para algunos,
los Ayuntamientos podrán subcontratar sus presupuestos con consultoras,
y la FEMP (Federación Española de Municipios y provincias),
gobernada por el PP, se llevará un 3% del negocio y licitará el
contrato.
El
Partido Popular dice que la ley supondrá un ahorro estimado de 7.129millones de € . Pero más del
37% de los municipio españoles tiene deuda 0, y uno, un solo
Ayuntamiento tiene número rojos por valor de 7.429 millones de €.
Madrid. Por esto vemos que las razones para reformar el Régimen de
los Ayuntamientos no son económicas. Se busca un nuevo modelo, menos
democrático y con menos servicios a los vecinos vaciando de
competencias a los municipios y que como vemos, no va a solucionar el
problema real de deuda de algunos ayuntamientos españoles como
Madrid, Valencia o Jerez. Vender y centralizar. Una vuelta atrás a
la democracia municipal de difícil
recuperación.
Es
cierto que hay que discutir, clarificar y delimitar las competencias
de las administraciones, incluida
la local. Hay que evitar duplicidades y conseguir una solución
óptima pero acompañada de un nuevo modelo de financiación. No es a
golpe de Decreto Ley, con todos los partidos políticos en contra,
incluida una parte importante del suyo como se debe gobernar. No se
puede gobernar al margen de la sociedad, de los ciudadanos y al
dictado de empresas y gobiernos ajenos.
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