El partido que no amaba a las mujeres

#4MujeresEn48H y el PP quiere eliminar los servicios y las políticas municipales de igualdad y de la mujer. En toda lógica quien se ve amenazada, humillada, torturada o ve que su vida corre peligro pedirá ayuda cercana. Intentará no levantar sospechas a su "enemigo/pareja". Este es el papel, entre otros muchos, de los servicios y centros de la mujer municipales y de los servicios sociales. Claro está, junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y la policía local. Coordinación interadministrativa y políticas transversales e integrales para erradicar y prevenir esta lacra social. Los Derechos de las mujeres en este país están sufriendo una marcha atrás de décadas. Una tarea que parece que el Gobierno del PP se ha impuesto como una obligación con sus decisiones ultraconservadoras y la alianza con la iglesia. Lo vemos en la Ley que reforma el Código Penal, que en materia de Género supone menos protección de la mujer víctima de violencia al despenalizar faltas, eliminar agravantes y la consolidación de delitos. Se está basando Gallardón en las exigencias de la iglesia para redactar el proyecto de ley del aborto y con la ayuda inestimable de Rosa Díez
que aún ve que estas propuestas del PP son demasiado permisivas con las mujeres y entiende que es una ley que hará que se cometan infanticidios.

Está en discusión el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Una Reforma que está encontrando detractores, y no pocos, dentro y fuera de las filas Populares. Son muchos los alcaldes y alcaldesas contrarios a su aprobación, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, Sindicatos y partidos políticos. Se producirá un vaciamiento sin sentido de competencias en los Ayuntamientos en favor del déficit cero y la economía de escala.

Y en esta ley también las mujeres sufrirán sus consecuencias. CCOO ha elaborado un informe donde se demuestra la falta de respeto que esta ley tendrá a normativas comunitarias y estatales: Ley Orgánica de Igualdad y la Ley Integral contra la Violencia de Género.Y en ese análisis también se pone en duda la constitucionalidad de la norma.
Elimina de un plumazo herramientas que estas leyes facilitan a los municipios para la consecución de la Igualdad: Planes Locales de Igualdad o los Planes Municipales para la erradicación de la Violencia de Género.

El objetivo de los ayuntamientos es mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas y ese papel es el que estas leyes le otorgan y por ello han creado sus propias estructuras para que desde el mejor conocimiento de su entorno realizar diagnósticos, proyectos y actuaciones en este sentido. Hacen uso de sus competencias en favor de una mayor igualdad entre todas las personas

Los Ayuntamientos, siendo la administración más cercana a la sociedad perdería las actuaciones y el desarrollo de políticas de igualdad en el ámbito local y rural. Las mujeres víctimas no tendrían la posibilidad de ir a su su Ayuntamiento para asesorarse o ser atendida en caso de violencia. ¿Qué haría una mujer del medio rural que quiere ser atendida en uno de estos casos? Desde luego lo tendría mucho más difícil si el camino que le quedara fuera ir a la capital de la comunidad, buscar el organismo del gobierno regional y acceder a esa información. Es más, la ley no recoge entre las competencias delegables de los municipios de menos de 20.000 habitantes, las de igualdad. Y por supuesto nada se dice de la lucha para erradicar la violencia de género. En 2012 se contabilizaron más de 600.000 casos en nuestro país. 

Carece el gobierno de toda sensibilidad al impedir la coordinación entre administraciones y el tratamiento integral que las víctimas necesitan. Hacer invisible esta lacra nos llevará a no poder combatirla. El problema es social, de todas las instituciones, no es un problema de puertas para dentro. Y quien no  lucha contra ella se hace cómplice. Ese es el papel que pretende el Partido Popular que tengan las corporaciones locales de ahora en adelante: ver, oir, callar. Siendo las administraciones con más capacidad para la prevención y la erradicación.

Políticas de la ONU, comunitarias, estatales y de comunidades autónomas tienen como último escalón las administraciones locales para llevar a cabo las políticas de igualdad en el ámbito local y rural. Existen normativas en todas esas esferas que obligan a ello.

La libertad, el derecho a la protección, la tolerancia y la igualdad no deben medirse con parámetros económicos o contables.

Entre los déficit que las administraciones tienen, el de ámbito local es el de menor cuantía en %, la ley pretende un ahorro estimado igual a la deuda que el Ayuntamiento de Madrid tiene contraída. Todo esto demuestra que lo que de verdad se esconde detrás de esto es un enorme negocio para empresas, estimado en más de 45.000 millones de euros, que tendrán como clientes potenciales los vecinos de los pueblos a través de la privatización de sus servicios. Y que lo demás no importa. Ni el bienestar, ni la igualdad, ni la integridad de las personas, ni el desarrollo personal y social en el entorno rural. Cuestiones que al fin y al cabo sólo buscan una mejor sociedad, más equilibrada y justa.

Es mandato Constitucional la igualdad de trato y corresponde a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. “ Y esto lo olvida la nueva ley que reformará los ayuntamientos de nuestros pueblos y ciudades y los hará más pobres en servicios y le implicará un déficit democrático sin precedentes.

Anuncia el ejecutivo que serán privatizados todos aquellos servicios deficitarios. Vuelven a utilizar sólo términos económicos para algo que puede tener un elevadísimo coste social. Nos tratan como mercancía.

 Un ejercicio sin medida de ultraliberalismo.

@enelreves